Artículo de Cristina Teniente. Diputada por Cáceres en el Congreso (Diario HOY).
Cuando en octubre de 2024 defendí en el Congreso de los Diputados la primera reprobación de Óscar Puente en representación del Grupo Parlamentario Popular, nos basamos en la evidencia de los datos: la concatenación de averías, avisos técnicos reiterados y la acumulación de incidencias en la red ferroviaria. Aquella iniciativa salió adelante con el apoyo de Vox y de tres socios parlamentarios del propio Gobierno: ERC, Junts y Podemos.
No fue una moción más. Fue una advertencia institucional clara ante la degradación del sistema ferroviario. El Parlamento habló, exigió medidas como refuerzos de la seguridad y un plan urgente y obligatorio de atención a los pasajeros. El Gobierno decidió ignorarlo.
Lejos de corregir el rumbo, el ministro optó por la negación sistemática, la soberbia, el insulto ante la crítica y la sustitución de la gestión por el falso relato. Por eso, en 2025, el Congreso volvió a reprobar a Óscar Puente. No fue una reiteración retórica, sino la constatación política de que nada había cambiado: las incidencias continuaban, las advertencias seguían sin atenderse y el caos ferroviario era una constante.
A esto hay que sumar las iniciativas del Senado. Dos cámaras, en momentos distintos y con base en los hechos y denuncias públicas, llegaron a la misma conclusión: la gestión ferroviaria del Ministerio de Transportes estaba fallando de forma grave y sostenida.
No es habitual que un ministro sea reprobado varias veces y por ambas cámaras. Ignorar una reprobación puede ser soberbia; ignorar varias es una absoluta irresponsabilidad.
Mientras tanto, la realidad se imponía: averías que se multiplicaban, retrasos insufribles, pasajeros tirados en las estaciones o en medio de la nada, trenes que se zarandeaban, descarrilamientos que dejaban de ser episodios aislados y profesionales que alertaban una y otra vez sin recibir respuesta. Los extremeños sabemos de todo esto hace años.
En cualquier país con estándares serios de seguridad se habrían activado auditorías inmediatas y responsabilidades políticas. Aquí se negó el problema, se ridiculizó a la oposición y se sustituyó la prevención por propaganda. Pero la propaganda no repara vías, es la inversión en mantenimiento la que evita tragedias.
Las alertas estaban ahí: maquinistas, sindicatos y técnicos han advertido de defectos en carriles, fallos de señalización y riesgos operativos crecientes. Cuando los profesionales alertan y la cadena de mando no actúa, los accidentes dejan de ser imprevisibles.
A esta cadena de fallos se suma una degradación institucional más profunda. Durante años, el Ministerio de Fomento se convirtió en epicentro de la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez. En la etapa de Ábalos se quebraron todos los estándares básicos de ejemplaridad y control interno y se normalizó la colocación de perfiles inaceptables en estructuras de gobierno y entornos de contratación pública, siendo Koldo García y sus compañías el símbolo de una forma de operar hoy investigada judicialmente.
No hablamos de hechos aislados, sino de una manera de gestionar lo público basada en redes opacas, clientelismo, abuso de poder y desprecio por los procedimientos. En un ministerio del que dependen infraestructuras críticas y la seguridad ferroviaria, esa degradación tiene consecuencias directas: se debilita el control, se resiente la inversión, se desplaza a los verdaderos profesionales y se pone en riesgo a los ciudadanos.
No, desgraciadamente Adamuz no es una fatalidad. Es el resultado de años de decisiones políticas negligentes y un incumplimiento constante de proposiciones no de ley y mociones aprobadas en el Congreso y Senado que exigían más seguridad. No solo fallaron las vías, la prevención, la transparencia, el mantenimiento de la red y la decencia; falló también el respeto a la voluntad del Parlamento.
Y en el centro de todo están las víctimas y sus familias. Ellas merecen algo más que comparecencias defensivas. Merecen verdad, respeto institucional y responsabilidades claras. La seguridad ferroviaria no es un asunto menor: es una obligación política esencial. Los riesgos estaban identificados y fueron ignorados. Esto va de vidas, los profesionales alertaron, el Parlamento exigió y el Gobierno miró hacia otro lado.
Un ministro que no previene, no corrige, miente, insulta y no asume responsabilidades no puede seguir ni un minuto más al frente de un servicio público esencial. La reprobación fue el aviso. El accidente, con 45 vidas truncadas y cientos de heridos, la terrible confirmación. La dimisión de Oscar Puente es la única respuesta posible.
En España el ferrocarril no “vive su mejor momento”, solo esa frase merece su salida inmediata del Gobierno. La dimisión de Óscar Puente no es una opción política, es una obligación moral e institucional. Suya es la responsabilidad porque a su incompetencia se suma una insufrible soberbia y hoy todo se multiplica por mentir sobre el estado de las vías en mitad de esta tragedia.
